En unas Comunidades Autónomas sí; en otras no. Esta es la confusa realidad que a día de hoy encontramos en España en relación a la aplicación del impuesto verde sobre el depósito de residuos en vertedero o su incineración. Una realidad que el Gobierno quiere modificar a través de una reforma legislativa que ya ha trasladado a la última versión del anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
El anteproyecto de la futura ley incluye dos nuevos impuestos verdes y otras medidas fiscales complementarias con los que el Ejecutivo busca incentivar la economía circular. En concreto, pretende armonizar, para todo el territorio nacional, un impuesto indirecto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, herramienta impositiva, esta última, que ya estaba presente en algunas Comunidades Autónomas.
Se pretende así optimizar la gestión de residuos y minimizar el depósito de los mismos en los vertederos. Además, la nueva normativa apunta hacia el establecimiento de objetivos de reducción de residuos y otras medidas que promuevan la economía circular o la lucha contra la obsolescencia programada.
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